On May 19, 2025, the head of the Civil Guard's Arms division, Antonio Cortés, walked into the chambers of Supreme Court magistrate Leopoldo Puente carrying an internal administrative file directed at the Civil Guard's own elite investigative unit, the UCO. What happened next reveals something consequential not just about Spanish judicial politics, but about the fragility of the institutional safeguards that protect the investigators who work corruption cases involving those in power. --- THE CONTEXT --- The UCO had spent years working judicial cases that touched the immediate circle of President Pedro Sánchez: his wife, Begoña Gómez; his brother; former minister Ábalos, who was later convicted; and former PSOE number two Santos Cerdán. According to judge Santiago Pedraz, Leire Díez, described as a political operative within the PSOE, had spent months attempting to «destabilize» those same judicial proceedings. The UCO was the central target. --- THE FACTS --- On April 29, the Civil Guard's own intelligence service sent a formal note to the Deputy Operational Director, Manuel Llamas, warning of maneuvers by the circles of Díez and Santos Cerdán designed to undermine the UCO's credibility. On May 5, the UCO itself sent a second note to the same recipient with identical concerns. Llamas and director general Mercedes González acknowledged both alerts. Neither took any protective action. What they did instead moved in the opposite direction. On May 9, the lawyer for Koldo García sent a WhatsApp message to Díez blaming the UCO for leaks in ongoing proceedings. Díez replied that she had just bet, at a lunch with González, that the leaks were coming from the unit itself. The following day, newspaper EL MUNDO published compromising messages between Sánchez and Ábalos. The UCO had not yet accessed Ábalos's devices; that would not happen until a month later. At 9:16 the following day, González activated a 24-hour automatic deletion setting on her WhatsApp messages with Díez. At 11:30 on the same day, Llamas met Cortés in the cafeteria of the general directorate on Guzmán el Bueno street in Madrid and asked him to take charge of the internal file against the UCO. Cortés agreed. The source notes that since 2023, Llamas had opened only six such files in total. Three of them targeted the UCO. On May 19, Cortés presented himself before magistrate Puente. Puente refused to authorize any formal opening and warned Cortés that if the process continued, he would open proceedings against Cortés himself and against whoever had assigned him the task. Cortés closed the file exactly one week later, on May 26. --- THE POSITIONS --- Mercedes González defended the move publicly, calling an internal file on the UCO «normal» within the institution. Magistrate Puente disagreed in unambiguous terms. The UCO had documented the external maneuvers against it in writing before the file was ever assigned to Cortés. No public response from Leire Díez or Santos Cerdán on these specific events is known to have been issued. --- WHAT REMAINS UNKNOWN --- The source does not disclose the precise allegations contained in the file Cortés brought to Puente. It is unclear whether Llamas or González have faced any formal institutional or legal consequences for failing to act on the April 29 and May 5 alerts. Whether Puente ultimately opened any formal proceedings following his verbal warning is also not reported. --- UNANSWERED QUESTIONS --- • What specific allegations did the internal file contain that Cortés presented to magistrate Puente? • Have Llamas or González faced any institutional or legal consequences for ignoring the documented alerts? • Did magistrate Puente ultimately open any formal proceedings following his warning on May 19? • Which specific UCO investigations would have been directly exposed had the internal file proceeded? --- EPM ANALYSIS --- The sequence the source reconstructs is not easily dismissed as coincidence: two formal alerts ignored, automatic message deletion activated hours before a file was assigned, and a statistical concentration of three UCO-targeted files among only six total opened since 2023. For the workers inside the UCO — investigators who documented threats to their own operation and received no protection from their chain of command — the episode exposes a structural gap. The safeguard that functioned was not a designed institutional mechanism but the individual judgment of a single magistrate who happened to be the next door on the chain's path. That is a thin margin for an institution that depends on its independence. 📌 📌 📌 📌 📌 EPM Take: In EPM's view, the May 19 episode illustrates a pattern EPM has tracked across its Spanish coverage: institutions that hold not because systems are robust but because individuals, at critical moments, refuse to comply. The UCO investigators who filed those April and May alerts did their job. Nobody above them in their chain of command protected them. A magistrate outside that chain did. That inversion of accountability — where the external check works and the internal one fails — is the real story here, and it demands an honest answer from those responsible for the Civil Guard's command structure.

El 19 de mayo de 2025, el jefe de Armas de la Guardia Civil, Antonio Cortés, se presentó en el despacho del magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo. Llevaba consigo una «información reservada», un procedimiento administrativo interno, dirigida contra la Unidad Central Operativa, la UCO. Lo que ocurrió en ese despacho define, en miniatura, algo más amplio: la capacidad del Estado para resistir desde dentro las presiones que intentan doblar sus propias instituciones. --- EL CONTEXTO --- La UCO llevaba años investigando causas judiciales que afectaban al entorno directo del presidente Pedro Sánchez: su mujer, Begoña Gómez; su hermano; el ex ministro Ábalos, posteriormente condenado; y el ex número 2 del PSOE, Santos Cerdán. Según el juez Santiago Pedraz, Leire Díez, identificada como operadora política del PSOE, llevaba meses intentando «desestabilizar» esos procedimientos judiciales. La UCO, unidad de élite de la Benemérita, era el objetivo central de esa presión. --- LOS HECHOS --- El 29 de abril, el servicio de Información de la Guardia Civil envió una nota al Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, alertando de maniobras del entorno de Díez y de Santos Cerdán para socavar la credibilidad de la UCO. El 5 de mayo, la propia UCO remitió una segunda nota con el mismo contenido. Llamas y la directora general, Mercedes González, se dieron por enterados de ambas alertas y no actuaron en ninguna dirección protectora. Lo que sí ocurrió fue lo contrario. El 9 de mayo, la abogada de Koldo García escribió a Díez por WhatsApp atribuyendo filtraciones a la UCO. Díez respondió que acababa de apostar en una comida con González a que las filtraciones venían de la propia unidad. Al día siguiente, EL MUNDO publicó mensajes comprometedores entre Sánchez y Ábalos, sin que la UCO hubiera intervenido aún los teléfonos del ex ministro, algo que no ocurriría hasta un mes después. A las 9.16 horas del día siguiente, González activó el borrado automático cada 24 horas de sus mensajes de WhatsApp con Díez. A las 11.30 horas, Llamas se reunió con Cortés en la cafetería de la dirección general en Guzmán el Bueno, Madrid, y le preguntó si se haría cargo del expediente contra la UCO. Cortés aceptó. Desde 2023, Llamas solo había abierto seis expedientes de ese tipo. Tres de ellos apuntaron a la UCO. El 19 de mayo, Cortés llegó al Supremo. Puente no solo rechazó autorizar ninguna apertura formal del expediente: advirtió a Cortés de que, si el procedimiento seguía adelante, abriría diligencias contra él y contra quien le había encargado la tarea. Cortés cerró la información reservada el 26 de mayo, exactamente una semana después. --- LAS POSICIONES --- Mercedes González defendió públicamente que abrir una información reservada sobre la UCO era algo «normal» dentro de la institución. El magistrado Puente no compartió esa lectura y actuó en consecuencia. La UCO, por su parte, había documentado internamente las maniobras en su contra antes de que el expediente se pusiera en marcha. Leire Díez y Santos Cerdán no han ofrecido respuesta pública conocida a los hechos reconstruidos por la fuente. --- LO QUE FALTA SABER --- No consta públicamente qué contenía en detalle la «información reservada» que Cortés llevó al Supremo. Tampoco se sabe si Llamas o González han enfrentado consecuencias institucionales por no actuar ante las alertas del 29 de abril y del 5 de mayo. La fuente no aclara si el magistrado Puente abrió finalmente algún tipo de diligencia. --- PREGUNTAS SIN RESPUESTA --- • ¿Qué alegaciones concretas incluía la información reservada presentada por Cortés ante el magistrado Puente? • ¿Por qué Llamas y González no adoptaron ninguna medida de protección tras recibir las notas de alerta del 29 de abril y del 5 de mayo? • ¿Se han abierto diligencias contra alguno de los actores identificados en esta cadena, más allá de la advertencia verbal de Puente? • ¿Cuál fue el contenido exacto de los tres expedientes previos abiertos por Llamas contra la UCO desde 2023? --- ANALISIS EPM --- La secuencia reconstruida por la fuente revela un patrón difícil de calificar como casualidad: alertas ignoradas, activación de borrado de mensajes horas antes de que se encargara el expediente, y una ratio de tres expedientes sobre la UCO entre seis totales desde 2023. Lo que frena esa cadena no es un sistema de control institucional activado desde arriba, sino un magistrado que actúa individualmente y en el momento en que el engranaje ya ha llegado a su puerta. La paradoja es incómoda: el cortafuegos funcionó, pero lo hizo casi por accidente de proximidad. Para trabajadoras y trabajadores de instituciones como la UCO, la pregunta real es qué ocurre cuando el magistrado no está en la sala. 📌 📌 📌 📌 📌 Conclusion EPM: A juicio de EPM, el episodio del 19 de mayo tiene una dimensión que trasciende lo judicial y toca directamente las condiciones laborales de quienes investigan al poder. Los funcionarios de la UCO que documentaron las maniobras en su contra el 29 de abril y el 5 de mayo cumplieron con su obligación, y nadie por encima de ellos los protegió. Lo hizo, de forma inesperada, un magistrado externo a su cadena de mando. Esa fragilidad estructural, no el coraje individual de Puente, es lo que debería preocupar a cualquier ciudadano que dependa de que las instituciones funcionen independientemente de quién gobierne.