The chat about Deicy Jiménez must be clarified with due process

--- The context --- According to what was released, the case of Deicy Jiménez gained a new element: chats about her contractual placement. --- The facts --- Jiménez reported alleged sexual favors in exchange for contracts with the State during the Government of Gustavo Petro. That complaint is presented as attributed, with no judicial conclusion. --- The facts --- According to that information, Petro allegedly sent Angie Rodríguez, director of the Dapre, the file Deicyjimenez.pdf, with Jiménez's résumé. The disclosed message reads: "Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior (sic)", and the response attributed to Rodríguez allegedly was: "Perfecto señor Presidente (sic)". --- The positions --- A due-process reading stresses that the attributed chats do not, on their own, prove irregularity or confirm the complaint. It requires judicial verification and the presumption of innocence for everyone mentioned. --- The positions --- Fiscalía: criminal inquiry into possible irregularities at the Dapre, and forensic inspection of Jiménez's cell phone. Supreme Court: judicial inspection of her contracts in Congress. Procuraduría: preliminary inquiry against officials to be identified. --- What remains unknown --- No conclusions from those proceedings have been released. The chat, on its own, does not prove any irregularity: it must be verified judicially. --- Unanswered questions --- What will the forensic inspection of Jiménez's cell phone conclude? What contracts will the judicial inspection gather in Congress? Which officials will the Procuraduría's inquiry reach? --- EPM analysis --- What was released can be tested in proceedings. Until they rule, every attributed claim must remain conditional. 📌 EPM Take: In EPM's view, this case must be resolved with due process and the presumption of innocence for all persons mentioned. The attributed chat and Jiménez's complaint could be relevant, but they are not proven conclusions. Let the forensic inspection, the judicial inspection of the Supreme Court, and the proceedings of the Fiscalía and the Procuraduría speak, after full verification of what was disclosed, before any judgment about individual responsibility.

--- El contexto --- Según lo difundido, el caso de Deicy Jiménez sumó un elemento nuevo: unos chats atribuidos al presidente sobre su contrato. --- Los hechos --- Jiménez denunció presuntos favores sexuales a cambio de contratos con el Estado durante el Gobierno de Gustavo Petro. La denuncia consta como atribuida. --- Los hechos --- Según esa información, Petro habría remitido a Angie Rodríguez, directora del Dapre, el archivo Deicyjimenez.pdf, con la hoja de vida de Jiménez. En el mensaje divulgado se lee: «Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior (sic)», y la respuesta atribuida a Rodríguez habría sido: «Perfecto señor Presidente (sic)». --- Las posiciones --- La exigencia es directa: un presidente no debería aparecer, ni en mensajes atribuidos, gestionando la permanencia contractual de una persona concreta. Esa atribución reclama respuestas verificables. --- Las posiciones --- Fiscalía: noticia criminal por posibles irregularidades en el Dapre e inspección forense al celular de Jiménez. Corte Suprema: inspección judicial sobre sus contratos en el Congreso. Procuraduría: indagación previa contra servidores por identificar. --- Lo que falta saber --- No hay conclusiones divulgadas. El chat, por sí solo, no prueba irregularidad, pero deberá verificarse dentro de las actuaciones judiciales. --- Preguntas sin respuesta --- ¿Qué contratos reunirá la inspección judicial en el Congreso? ¿Qué hallará la inspección forense al celular de Jiménez? ¿A qué servidores alcanzará la indagación de la Procuraduría? --- Análisis EPM --- La gravedad está en el nivel de la gestión atribuida, no en una conclusión probada. La respuesta debida es aclaración, no especulación. 📌 Conclusion EPM: A juicio de EPM, la gravedad institucional de lo divulgado exige respuestas completas y verificables. Según la información difundida, el entonces presidente habría gestionado personalmente la permanencia contractual de Jiménez en el Ministerio del Interior, y esa atribución, de confirmarse, comprometería la confianza en las entidades mencionadas. La Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría deben aclarar los contratos, los servidores por identificar y el alcance real de cada actuación registrada.